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Legalidad en UV se quebrantó cuando la junta de gobierno aceptó la solicitud de prórroga: Marisol Luna

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| Boca del Río Ver., | 23 Dic 2025 - 13:39hrs


Boca del Río, Ver., 23/12/25. A través de un comunicado emitido el 22 de diciembre, Dra. Marisol Luna Leal, Académica y exAbogada General de la Universidad Veracruzana informó:

A la Comunidad Universitaria de la Universidad Veracruzana:

En la sesión del Consejo Universitario General -CUG- celebrada el 15 de los corrientes, el Dr. Martín Aguilar Sánchez mencionó con nombre y apellidos a todos y cada uno de los que hemos interpuesto juicios de amparo para impugnar la ilegalidad de la prórroga que le fue otorgada por la junta de gobierno.

Durante dicha sesión quedó de manifiesto el planteamiento, tanto en las intervenciones del Dr. Aguilar Sánchez como de diferentes consejeros afines a la rectoría, que las acciones de disenso planteadas por la comunidad que no está de acuerdo con la prórroga obedecen a una estrategia de desprestigio de la Universidad Veracruzana, la cual habría perjudicado la imagen institucional y el trabajo cotidiano que en ella se desarrolla.


En dicho contexto, el Dr. Aguilar Sánchez señaló: “A pesar de toda esta campaña ofensiva en contra de la institución y de mi persona buscando el desprestigio, a ellos les digo que la Universidad y el de la voz siempre les hemos respetado sus derechos a la libertad de expresión y asociación”.


1 En virtud de que en las declaraciones mencionadas se hace alusión directa a mi persona, considero pertinente formular las siguientes consideraciones:


• No habiendo estado presente en la sesión del CUG mencionada, considero que recurrir a un foro de gran relevancia estatal para aludir y desacreditar a quienes no tienen la posibilidad de defenderse o responder en ese momento revela una actitud tendenciosa, carente de valor. Este tipo de proceder constituye un claro abuso de poder, pues se ataca a personas ausentes que no pueden aclarar o replicar oportunamente las afirmaciones realizadas sobre ellas.


• ¿Qué finalidad persigue exponer públicamente, mencionando con nombre y apellidos, a quienes, en pleno ejercicio de nuestros derechos legítimos, manifestamos la voluntad de participar activamente en el proceso de designación rectoral?


¿Por qué motivo la legítima acción jurídica de promover un amparo frente a actos de autoridad que atentan contra la legalidad universitaria y los derechos humanos de la comunidad habría de considerarse un intento de desprestigiar a la Institución?


De ninguna manera las acciones de quienes expresamos nuestro disenso tuvieron ni tienen el propósito de desprestigiar a la institución, por el contrario, el propósito de tales acciones ha sido y es la de fortalecer la vida democrática de la Universidad Veracruzana.


Resulta imprescindible preguntarse, ¿la verdadera intención de la autoridad universitaria fue la de exhibir a los académicos por ejercer su legítimo derecho a disentir?, exponiéndonos y dejándonos en una posición de vulnerabilidad ante la comunidad.


Este tipo de prácticas no solo buscan acallar voces críticas, sino que reflejan una clara deriva autoritaria, donde el disenso es castigado y se erosiona la pluralidad que debería caracterizar a una institución educativa.


• Las diversas acciones implementadas por la rectoría en los últimos siete meses tales como:


cambio masivo de consejeros ex oficio y maestros, cabildeos en diversas instancias gubernamentales así como en la ANUIES para mantener la ilegal prórroga; de manera selectiva recrudecer las políticas de renovación de contratos laborales, restringir u otorgar contrataciones académicas semestrales incrementar o eliminar compensaciones y bonos; iniciar procedimientos para fincar responsabilidad administrativa; intimidar sutilmente a estudiantes que se manifestaron en contra de la prórroga; mantener en “observación” a determinados académicas y académicos, sin duda, y aunque se niegue, evidencia que algo no está bien, existe un desgaste que debilita la estructura institucional de la universidad.


Cuando se persigue o reprime el disenso en el ámbito universitario, el daño trasciende a la persona individual, afectando gravemente al tejido democrático de toda la sociedad, precisamente por la trascendencia social de la universidad como espacio de pensamiento crítico.
No corresponde a la esencia académica de una universidad equiparar el disenso con el desprestigio institucional; al hacerlo, se eliminan los imprescindibles contrapesos y se opta conscientemente por el camino del autoritarismo.


• Toda vez que el Dr. Aguilar aludió al Estado de derecho y a la autonomía universitaria como argumentos para la no la atracción de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción -SEFA- , considero oportuno señalar que el estado de derecho no debe ser un slogan para adornar discursos, sino, un conjunto de acciones que garanticen el respeto efectivo de la autoridad a la legalidad y la tutela efectiva de los derechos humanos.


Y en nuestra universidad, la legalidad se quebrantó desde el momento en que la junta de gobierno aceptó la solicitud de prórroga.
Al respecto, conviene informar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rehusó la oportunidad histórica de analizar y redefinir los alcances de la autonomía universitaria.


Los ministros tomaron la decisión de rechazar la SEFA sin debate, sin explicación y sin transparencia, optaron por ignorar el planteamiento presentado por la Ministra Lenia Batres relativo a la trascendencia de dicha solicitud de atracción para la educación superior, no solo en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional.


La autonomía no es una ínsula de poder equiparable al del estado. En la decisión del Pleno de la Corte prevalecieron criterios políticos, sustentados en un entramado de relaciones, complicidades y antiguos nexos laborales.


Por último, resulta alarmante que el rector de una Universidad Pública presente como un gesto de generosidad el respeto a los derechos humanos de la comunidad universitaria.


El respeto a la libertad de expresión y de reunión no es una concesión ni un favor del Dr. Aguilar Sánchez; es una obligación constitucional y legal inherente a su cargo, de observancia obligatoria para quien detenta la máxima autoridad institucional. Pretender lo contrario es minimizar la esencia democrática y plural de la Universidad.

Dra. Marisol Luna Leal Académica y exAbogada General. Universidad Veracruzana


 

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