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Jesús Antonio Reyes González | | 26 May 2026 - 23:55hrs

¿En qué consiste y cuándo entró en vigor?

A principios de abril de este 2026, el Congreso de la Unión aprobó una reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece un tope máximo a las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos de entidades del Estado. La medida, impulsada por el gobierno federal bajo un discurso de austeridad republicana, fijó como límite de percepción mensual el equivalente al salario del Presidente de la República, lo que en la práctica representa alrededor de 64 mil pesos al mes para quienes se retiran del servicio público.

¿Qué cambió directamente?

Antes de la reforma, trabajadores de confianza de organismos públicos —como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex o el IMSS— podían acceder a pensiones que reflejaban el salario real acumulado durante su carrera, incluyendo prestaciones. Con el nuevo tope, esas percepciones quedaron limitadas independientemente de los años de servicio, la especialización alcanzada o las responsabilidades desempeñadas. Los sectores más golpeados directamente han sido los de energía, salud y educación superior, donde los cuadros técnicos y directivos tienen trayectorias largas y altamente especializadas.

Las afectaciones no previstas: el caso Laguna Verde

Lo que el legislador no anticipó —o no quiso ver— son las consecuencias indirectas que la reforma está generando en la operación de sectores estratégicos. Un caso revelador ocurre en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en Alto Lucero, Veracruz, única planta de energía nuclear en México.

Ahí, la reforma ha roto el equilibrio del plan de carrera interno. Los trabajadores sindicalizados, que perciben horas extras pagadas al doble y al triple de su salario base, ganan hoy hasta un 50% más que los ingenieros y jefes de turno que están por encima de ellos en el organigrama. Ante esa realidad, los operadores sindicalizados se niegan a ascender: hacerlo significaría convertirse en personal de confianza, perder el derecho a horas extras, ganar menos en activo y jubilarse con un tope reducido. El incentivo de crecer profesionalmente simplemente desapareció.

El problema tiene consecuencias operativas graves. Los ingenieros y jefes de turno actuales trabajan jornadas de hasta 12 horas sin poder formar a sus reemplazos, porque nadie quiere ocupar esos puestos. Además, la normatividad del sector nuclear impide contratar personal externo sin que haya pasado por la etapa de operador, ya que se requieren licencias que demandan hasta 15 años de preparación. En otras palabras: no hay atajos posibles y la cantera de talento está bloqueada.

Una reforma con consecuencias no calculadas

Este caso ilustra un problema mayor: la reforma al artículo 127 fue diseñada con un enfoque exclusivamente financiero, sin consultar a los trabajadores ni analizar los esquemas laborales específicos de cada sector. El resultado es una distorsión que no solo afecta los bolsillos de los jubilados, sino que compromete la continuidad operativa de infraestructura crítica para el país. En instalaciones donde la seguridad y la experiencia técnica son no negociables, el estancamiento en los planes de carrera no es un problema laboral menor: es un riesgo nacional.