| Xalapa, Ver. | 14 Oct 2026 - 18:01hrs
Por Ángeles González Ceballos
Xalapa, Ver., 14/10/26. El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que presentará una denuncia formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el incumplimiento del Estado de dotar de los servicios de salud.
En conferencia de prensa, la diputada local Indira Rosales San Román, afirmó que el gobierno de Veracruz incurre en la violación sistemática de las garantías fundamentales de la población al no garantizar la atención médica ni el suministro de insumos necesarios en la Entidad.
Junto con la dirigente estatal, Ana Cristina Ledezma, la legisladora local enumeró las problemáticas que aquejan a los enfermos y trabajadores y señaló la gravedad de la situación en los centros hospitalarios de la región.
"Marchas del personal del IMSS en Veracruz, Xalapa, Martínez de la Torre, Orizaba, actualmente también en este momento en la ciudad de Xalapa... exponen a niños con cáncer al polvo por obras en la Torre Pediátrica de Veracruz, después de que se cayó parte del techo el fin de semana.
Pacientes con cáncer esperan hasta seis meses por tratamiento. Estos son solamente algunos de los titulares con los que amanecimos el día de hoy", destacó.
Rosales San Román calificó de insensible la postura oficial frente al desabasto y la falta de infraestructura.
"Y así qué decir que no existe una crisis de salud en este estado, pues a estas alturas me parece total y absolutamente cínico", reprochó.
Ahí, criticó la gira a modo que hacen las autoridades y la falta de atención a una madre de un paciente con cáncer.
Ante este escenario, la representante del PAN confirmó la vía legal que emprenderá su partido ante la jurisdicción internacional.
"Por ello, el Partido Acción Nacional ha tomado la decisión de presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Veracruz ha incurrido y está incurriendo en un delito por incumplir su obligación de garantizar lo mínimo, que es el derecho a la salud.
Poner en riesgo a los veracruzanos al impedir el acceso oportuno a tratamientos, cirugías, medicamentos, servicios médicos indispensables, contar con infraestructura básica en los centros de salud y en los 61 hospitales del estado de Veracruz", sostuvo.
La congresista puntualizó que el problema va más allá de un fallo administrativo.
"Los hechos denunciados no simplemente se deben de analizar como un hecho administrativo, sino que es una obligación del estado de Veracruz y del Estado Mexicano garantizar servicios de salud.
Las denuncias reiteradas sobre interrupciones de tratamientos, postergación de procedimientos quirúrgicos, carencias hospitalarias, requieren una investigación en la cual se determine una responsabilidad y que haya una sanción concreta", aseveró.
En cuanto a la integración del expediente que enviarán al tribunal internacional, la legisladora detalló que incluye casos concretos de pacientes, testimonios, pruebas de afectaciones a la salud por la interrupción de tratamientos, evidencias del desabasto real en almacenes y análisis del ejercicio presupuestal.
Rosales San Román remarcó que existe presupuesto aprobado por el Congreso local, pero que no llega a la ciudadanía debido a los esquemas de centralización hacia el modelo IMSS-Bienestar.
"Cuentan con el presupuesto suficiente que hemos aprobado en el Congreso del Estado y, ha sido una verdadera omisión el que el gobierno del Estado continúe entregando los recursos de salud de Veracruz y de los veracruzanos al IMSS-Bienestar.
Lo que hoy está pasando -no olvidemos- viene de la firma del convenio que realizó el anterior gobernador Cuitláhuac García Jiménez y que posteriormente ratificó la actual gobernadora Rocío Nahle con el IMSS-Bienestar para devolver todos los recursos de salud al gobierno Federal y que, evidentemente, no están siendo gastados y no están siendo ejercidos dentro del estado de Veracruz", recriminó.
Finalmente, la diputada expresó el respaldo de su bancada al personal de salud, así como a los derechohabientes del IMSS e IMSS-Bienestar.
"¿Qué es lo que buscamos? Indemnizar a los pacientes y familiares afectados; por supuesto también que se garanticen los tratamientos médicos, la atención especializada; ordenar investigaciones para identificar y sancionar a los responsables, sea quien sea el responsable, los servidores públicos", agregó.
