10 Feb 2025

En la vorágine del contexto político que se vivió la pasada la semana pasada en el
Centro de Convenciones de Coatzacoalcos con la llegada de funcionarios estatales,
inhibió, de momento, adentrarse en la praxis del ejercicio administrativo gubernamental
que se llevó a cabo.

En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones públicas y la percepción de
corrupción son desafíos persistentes en México, el estado de Veracruz ha emprendido podrían marcar un punto de inflexión en la gestión pública.

Sin embargo, más allá de los discursos y las buenas intenciones, es necesario analizar
con detenimiento si estas medidas son suficientes para lograr un cambio estructural o si,
por el contrario, se quedan en meras declaraciones de intenciones.

Veracruz es un estado con una historia compleja en materia de administración pública.
Durante décadas, ha sido señalado por casos de corrupción, opacidad en el manejo de
recursos y una burocracia ineficiente que ha dificultado el acceso a servicios básicos
para la ciudadanía.

Estas problemáticas no son exclusivas de Veracruz, pero en este estado han adquirido
dimensiones particularmente preocupantes, afectando directamente la calidad de vida
de sus habitantes y limitando su desarrollo económico.

En este escenario, la actual administración, encabezada por la gobernadora Rocío
Nahle García, ha planteado el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) como una hoja de
ruta para modernizar la gestión pública.

A diferencia de administraciones anteriores, este plan fue diseñado internamente, sin
recurrir a consultorías externas, lo que, según las autoridades, ha permitido redirigir
recursos hacia programas prioritarios.

Este enfoque, aunque loable en su intención, plantea dudas sobre la capacidad técnica y
la independencia en la elaboración de políticas públicas, especialmente en un ámbito tan
crítico como la transformación digital.

LA PROMESA DE LA DIGITALIZACIÓN

El eje central de la estrategia de Veracruz es la digitalización de trámites y procesos
administrativos.

Según el contralor Ramón Santos Navarro, la modernización de la administración
pública y el aprovechamiento de la tecnología son pasos clave en la lucha contra la
corrupción y la impunidad.

En teoría, la digitalización permitiría rastrear cada acción y recurso, desde los ingresos
hasta los egresos, fortaleciendo así la rendición de cuentas. Además, se busca
simplificar trámites, optimizar costos y tiempos, y mejorar la competitividad del estado.

Estas propuestas no son nuevas. En los últimos años, varios gobiernos en América
Latina han apostado por la digitalización como una herramienta para combatir la
corrupción y mejorar la eficiencia.

Sin embargo, los resultados han sido dispares. En algunos casos, como en Colombia
con su plataforma "Gobierno Digital", se han logrado avances significativos en la
simplificación de trámites y la transparencia.

En México Mérida, Yucatán es un ejemplo en este sentido.

En otros, gobiernos como el de Brasil, los esfuerzos de digitalización han chocado con
problemas de implementación, falta de capacitación y resistencia al cambio por parte de
los funcionarios públicos.

EN VERACRUZ: DESAFÍOS Y RIESGOS

En el caso de Veracruz, los desafíos son múltiples. En primer lugar, la digitalización
requiere una infraestructura tecnológica robusta y accesible.

Aunque el estado ha avanzado en este aspecto, aún existen brechas importantes en
términos de conectividad, especialmente en zonas rurales y marginadas. Sin una
cobertura adecuada, el riesgo de excluir a una parte significativa de la población es alto,
lo que podría profundizar las desigualdades existentes.

En segundo lugar, la digitalización no es una panacea la independencia y la capacidad de esta institución para ejercer un control real sobre la administración pública son aspectos que deben ser evaluados con rigor.

Finalmente, está el tema de la capacitación y la cultura organizacional.

La digitalización no solo implica la adopción de nuevas tecnologías, sino también un
cambio en la forma en que los funcionarios públicos realizan su trabajo.

Esto requiere una inversión significativa en capacitación y un esfuerzo sostenido para
fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Sin estos elementos, el
riesgo de que la digitalización se convierta en un simple cambio cosmético es alto.

IMPACTO Y POSIBLES ESCENARIOS FUTUROS

Si Veracruz logra implementar con éxito su estrategia de digitalización, los beneficios
podrían ser significativos. Un gobierno más eficiente y transparente no solo mejoraría la
calidad de los servicios públicos, sino que también podría atraer inversiones y generar
un círculo virtuoso de desarrollo económico.

La apuesta de Veracruz por la transformación digital es un paso en la dirección correcta,
pero no es suficiente por sí sola.

Pero hay que tener en cuenta que en última instancia, la digitalización no es un fin en sí
mismo, sino una herramienta para construir un gobierno más eficiente, transparente y
cercano a la ciudadanía.

El éxito de Veracruz en este empeño dependerá de su capacidad para superar los
obstáculos y convertir las promesas en realidades tangibles.

Solo entonces podrá aspirar a ser un líder en competitividad y desarrollo, no solo en el
discurso, sino en la práctica. El Foro de Coatzacoalcos, los que ya se han realizado y
los que vienen, son un paso adelante.

Contáctanos:

joluperezcruz@hotmail.com