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La rutina del veneno en el aire
José Luis Pérez Cruz
Crónicas del Poder

02 Sep 2025


 

Crónicas del Poder

José Luis Pérez Cruz

 



- Fugas y fugas y nadie es sancionado



- La narrativa del CLAM: “todo esta bajo control”



- Sin mediciones públicas del ambiente



 

Ayer, otra vez, la vida cotidiana de Coatzacoalcos se vio interrumpida por lo que muchos habitantes ya reconocen como un mal recurrente: un fuerte olor a amoniaco proveniente del corredor industrial.



 

El episodio registrado ayer en la colonia Fonapho de Villa Allende, obligó a suspender clases en dos escuelas —la primaria “20 de noviembre” y la telesecundaria “Gabriel García Márquez”— y a desalojar a decenas de menores.



 

Los directivos actuaron con rapidez, repartieron mascarillas y evitaron que el incidente escalara a una tragedia. Pero la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo la población tendrá que vivir bajo la amenaza invisible de los químicos que surgen del polo petroquímico?



 

El discurso oficial buscó tranquilizar. El director operativo del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) aseguró que la liberación de amoniaco no representa peligro alguno para la salud y que todo se debió a un arranque de planta, acentuado por la dirección del viento.



 

Sin embargo, esa explicación, repetida como un guion ya aprendido, deja más dudas que certezas. Porque, si en verdad no existe riesgo, ¿por qué las evacuaciones? ¿Por qué los mareos, dolores de cabeza y la necesidad de distribuir mascarillas en pleno arranque del ciclo escolar? La contradicción es evidente.



 

El problema no es menor. El corredor industrial de Coatzacoalcos concentra algunas de las plantas químicas y petroquímicas más grandes del país, con capacidad productiva estratégica para México, pero también con un historial de fugas, accidentes y emisiones que la ciudadanía ya no percibe como excepciones, sino como parte de la rutina.



 

Y cuando la normalidad se construye a partir de la exposición constante a contaminantes, el costo lo terminan pagando las familias, sobre todo las más vulnerables.



 

ADMINISTRAN EL PROBLEMA EN LUGAR DE RESOLVERLO

 

Los informes de salud pública han revelado cifras preocupantes: padecimientos respiratorios crónicos, cánceres en menores de edad y afectaciones dermatológicas son parte del panorama que los habitantes del sur de Veracruz conocen demasiado bien. Y, sin embargo, las autoridades ambientales parecen más interesadas en administrar el problema que en resolverlo.



 

La estación de monitoreo ambiental instalada en Mundo Nuevo, presentada como respuesta a los reclamos sociales, sigue sin rendir cuentas claras de los resultados obtenidos. Una herramienta que no informa es, en la práctica, un gesto político vacío.



 

Aquí radica la gravedad: el silencio oficial es cómplice. Mientras las empresas operan sin sanciones significativas y las instancias estatales y federales se limitan a declaraciones técnicas que minimizan los hechos, los ciudadanos respiran un aire cargado de incertidumbre.



 

No se trata de alarmismo, sino de realismo: si las fugas y olores no fueran peligrosos, ¿cómo explicar la constante desconfianza de los padres que prefieren sacar a sus hijos de las aulas ante el menor indicio de gas? La percepción social es, en sí misma, una forma de daño.



 

El impacto trasciende lo inmediato. Una ciudad cuya calidad del aire está bajo sospecha pierde atractivo para nuevas inversiones y compromete su futuro económico.



 

La narrativa de que “todo está bajo control” ya no convence ni a los propios trabajadores de las plantas, quienes conocen de primera mano los protocolos de emergencia y saben cuándo la alarma es real.



 

De persistir esta dinámica, el escenario futuro no será de estabilidad, sino de creciente conflictividad social: protestas más organizadas, demandas judiciales y, eventualmente, la intervención de organismos internacionales de derechos humanos.



 

URGEN MEDICIONES PÚBLICAS Y VERIFICABLES

 

Coatzacoalcos y su región necesitan una política ambiental que no sea rehén de los intereses industriales ni de la complacencia burocrática. No basta con enviar a Protección Civil a constatar que “todo está bien” cada vez que huele a amoniaco.



 

Se requieren mediciones públicas, transparentes y verificables, así como sanciones ejemplares a quienes violen la normatividad ambiental. La confianza ciudadana solo se recupera cuando hay certeza de que alguien protege sus derechos por encima de la lógica empresarial.



 

En el fondo, lo que está en disputa es la definición misma de desarrollo. ¿Es progreso una industria que genera empleo pero enferma a la población? ¿Puede hablarse de modernidad cuando los niños deben recibir mascarillas en lugar de cuadernos en su primer día de clases?



 

La respuesta, incómoda pero necesaria, es que no. El verdadero desarrollo es aquel que equilibra productividad con salud y sostenibilidad. Todo lo demás es un espejismo tóxico.



 

Alguien tiene que decirlo con todas sus letras: sí, la industria es responsable. Y mientras las autoridades sigan administrando silencios en lugar de soluciones, los habitantes de Coatzacoalcos seguirán respirando una verdad amarga: el aire que los rodea está envenenado y nadie parece dispuesto a ponerle nombre.



 

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